El pasado 27 de diciembre se publicaba el RD-Ley 24/2018 que posibilitaba a las Administraciones Públicas realizar subidas salariales a sus empleados públicos de un 2,25% a partir de enero de 2019. Así, la práctica totalidad de las CCAA han puesto en marcha los mecanismos necesarios para hacer efectiva esa subida salarial, que es fruto del Acuerdo que firmaron el pasado 9 de marzo los sindicatos CSIF, UGT y CCOO con el Ministerio de Hacienda y Función Pública y que, desde ANPE, ya denunciamos en su momento que era más que insuficiente, se olvidaba del profesorado e impedía en los próximos tres años acordar subidas retributivas mayores que posibiliten la recuperación del salario perdido desde 2010 y poder conseguir la equiparación salarial.
Este Acuerdo, como denunciamos en su momento, contempla una subida segura en tres años de poco más del 6% muy lejos del 20% de la pérdida de poder adquisitivo acumulada por los docentes desde 2010.
Hay que recordar que el fuerte recorte salarial sufrido por los empleados públicos en 2010 fue mucho mayor en los grupos funcionariales en los que se encuadra el profesorado, siendo en aquel momento el recorte salarial en la mayoría de los cuerpos docentes del 7%, mientras que para otros colectivos de empleados públicos fue inferior al 1%. Dicho recorte repercutió, y aún perdura, fundamentalmente en las pagas extraordinarias las cuales, justo antes de ese recorte, llegaron a ser dobles por primera vez para el profesorado.
En el citado Acuerdo de “recuperación salarial”, los sindicatos firmantes no usan la misma fórmula para recuperar lo perdido que la que se aplicó en el recorte salarial, viéndonos de nuevo discriminados. Tampoco han incluido la demanda de ANPE de establecer una cláusula de revisión salarial en función del IPC para evitar que aumente la pérdida de poder adquisitivo en el futuro.
Por otro lado, este Acuerdo, al limitar cualquier otra subida de retribuciones, dificulta el poder llegar a la equiparación salarial del profesorado en las distintas Comunidades Autonómicas. Desde ANPE queremos volver a denunciar que los cuerpos docentes son los únicos cuerpos funcionariales de carácter estatal, es decir, su ingreso, acceso y movilidad por todo el Estado está regulado a nivel estatal y es idéntico en todas las Comunidades Autónomas, pero, a su vez, estamos transferidos a las CCAA y nuestras retribuciones son abonadas por las mismas. Así, en los últimos años, la brecha salarial ha ido aumentando progresivamente, llegando a ser, en algunos casos, de más de 6.000 euros anuales por realizar las mismas funciones y habiendo accedido con los mismos requisitos y condiciones, simplemente dependiendo de la Comunidad Autónoma en la que se esté trabajando.
Desde ANPE seguiremos apostando por esa equiparación salarial luchando y reivindicando en todos los foros de negociación, con el aval del respaldo mayoritario recibido en las últimas elecciones sindicales por parte del profesorado, no solamente por esa equiparación sino también por recuperar ese 20% del poder adquisitivo perdido y que volvamos a tener y consolidar unas pagas extraordinarias que realmente sean dobles. Una vez recuperado lo perdido, y para evitar más pérdidas del poder adquisitivo es imprescindible que se establezca una cláusula de revisión salarial anual en función del IPC.
