Un año más, y ya son 13, El Defensor del Profesor hace públicos los datos más significativos de las intervenciones, realizadas con los docentes de diferentes comunidades autónomas, en relación con la situación de convivencia escolar. Este recurso, exclusivo del sindicato ANPE, es un servicio de atención inmediata y gratuita para docentes víctimas de situaciones de conflictividad y violencia en las aulas. Se puso en marcha en el año 2005, como primera medida de apoyo ante la indefensión del profesorado y como llamada de atención sobre la problemática de la violencia escolar. Es un servicio abierto a todos los docentes, operativo en todas las comunidades autónomas, así como en Ceuta y Melilla, con el objetivo de favorecer la atención personalizada ante la solicitud de ayuda.
Afortunadamente, la comunidad Autónoma de Cantabria es poco conflictiva, y así lo demuestran el reducido número de casos que se han registrado por nuestro servicio regional: 8 casos en total.
Centrándonos en los casos atendidos por El Defensor del Profesor en el curso 2017/2018, 2 casos corresponden a Educación Infantil, 1 a Educación Primaria, 1 a Educación Secundaria Obligatoria, 2 a Bachillerato y 2 a Formación Profesional.
En cuanto a la tipología de los casos atendidos, se distinguen los correspondientes a los alumnos, los que provienen de la interacción con los compañeros de profesión y los relacionados con las familias:
- 2 de los casos están relacionados con los alumnos en el aula
- 1 de los casos está relacionado con conflicto con familiares de alumnos
- 1 de los casos consiste en un conflicto con compañeros
- El resto de los casos combinan más de un factor en conflicto (problemas con alumnos y compañeros, problemas con dirección y con familias, etc)
La consecuencia más grave de todo este tipo de conflictos, es que afectan no solo a la convivencia, al clima escolar y las relaciones personales, sino que perjudican a los afectados, llegando a generar en 3 de los casos síndrome ansioso-depresivo, y en otros 5 casos, los afectados presentan sintomatología ansiosa.
Estos datos trascienden al propio docente, puesto que un profesor con estado emocional alterado, además del sufrimiento personal que debe soportar, reduce significativamente su rendimiento profesional, lo que disminuye la calidad de la educación. En este sentido las bajas laborales generan un coste para la administración y una modificación de la propuesta pedagógica para los alumnos. El daño lo producen unos pocos y, sin embargo, las consecuencias se extienden hacia toda la comunidad educativa y en especial al alumnado con el que interactúa el profesor agredido.
Tanto a nivel nacional como autonómico, se constata un uso inadecuado de las herramientas de mensajería instantánea (WhatsApp principalmente) entre las familias, que en ocasiones genera problemas y conflictos.
En ese sentido, ANPE ha lanzado recientemente una campaña para un uso adecuado de los grupos de WhatsApp entre las familias, recalcando la importancia de la educación en valores y de una buena colaboración y apoyo a los docentes de sus hijos.
Por otro lado, una de las principales quejas de los afectados que han contactado con el servicio del Defensor del Profesor se centran, desde su punto de vista, una gestión ineficaz de los conflictos por parte de los equipos directivos. ANPE Cantabria reclama a la Consejería de Educación una mejor formación en resolución de conflictos, y que se apueste por la consideración de los docentes como autoridad pública en el ejercicio de sus funciones.
ANPE, sindicato exclusivo de la enseñanza pública, considera prioritario el establecimiento de unas normas claras, que regulen la convivencia escolar en las diferentes comunidades autónomas, y que favorezcan una verdadera interiorización de valores, actitudes y normas en los alumnos y en el conjunto de la sociedad.
Tras el análisis y valoración de los datos recogidos en el estudio realizado, junto con la experiencia acumulada en los últimos años, ANPE y El Defensor del Profesor reiteran la necesidad de la elaboración de un Plan Estratégico de Mejora de la Convivencia Escolar, que debería contar, entre otros, con los siguientes apartados:
- La reactivación del Observatorio estatal y los Observatorios autonómicos de Convivencia Escolar.
- La ineludible obligación de los equipos directivos, ante el conocimiento de un hecho que pudiera ser constitutivo de delito, de informar a la Dirección Provincial de Educación correspondiente, así como al Ministerio Fiscal.
- Un programa de prevención de acoso escolar, que contemple la aceleración de los protocolos de protección a las víctimas y un plan de detección precoz de los problemas de convivencia en los centros educativos.
- Actualización y cumplimiento de los Decretos de convivencia, así como las Planes de convivencia y los Reglamentos de los centros.
- El establecimiento de protocolos de actuación ante agresiones al personal docente de los centros sostenidos con fondos públicos.
- Un plan específico de formación del profesorado para la prevención y detección de conflictos relacionados con la convivencia escolar.
- Ofertar la asistencia jurídica y psicológica gratuita para los docentes agredidos, como ya ocurre en algunas comunidades autónomas, mediante convenios de colaboración con los Colegios profesionales de abogados y psicólogos, para los profesores víctimas de acoso.
- Reconocimiento de la ansiedad, la depresión y el estrés como enfermedades profesionales de los docentes siempre que se deriven de situaciones de acoso, estableciendo estas situaciones como accidentes laborales.
- Compromiso, por parte de la administración, para el tratamiento rehabilitador y educativo de los alumnos agresores.
Este Plan Estratégico de Mejora de la Convivencia Escolar, debe ser liderado y coordinado por el Ministerio de Educación, partiendo del seno de la Mesa Sectorial de Educación.
Es necesario que la sociedad en su conjunto tome conciencia de la situación de conflictividad que se vive en las aulas, y la administración educativa debe ser cada vez más consciente de que la convivencia escolar es un elemento de primer orden para el buen funcionamiento de la comunidad educativa.
ANPE renueva su compromiso de seguir trabajando en apoyo a los docentes que pasan por situaciones de acoso e intimidación en sus puestos de trabajo, así como su intención de mejorar la consideración social de los docentes, hacer llegar a la opinión pública el día a día de los centros educativos y poner a la Educación, y a sus profesionales, en el puesto que realmente se merecen.
