ANPE Cantabria expresa su profunda indignación y preocupación ante el ciberataque sufrido por la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria, en el que, según la información conocida, se habrían sustraído miles de datos personales de especial sensibilidad pertenecientes a alumnos, familias y docentes.
Desde hace años, ANPE Cantabria viene denunciando la obsolescencia de la plataforma educativa YEDRA, una herramienta que no responde a las necesidades profesionales, técnicas ni, como ahora queda de manifiesto, a las exigencias de seguridad que requiere un sistema tan importante como el educativo.
Resulta absolutamente inaceptable que la Consejería haya ocultado esta situación a las personas afectadas y no haya actuado con la transparencia, diligencia y responsabilidad que un incidente de esta gravedad exige. La protección de los datos personales de menores, familias y trabajadores de la enseñanza no es una cuestión secundaria, sino una obligación ineludible de la Administración.
YEDRA se ha demostrado como una plataforma con graves deficiencias de seguridad, un auténtico queso de Gruyère informático. La solución planteada por la Consejería, consistente en que los docentes utilicen sus credenciales personales mediante certificado digital o sistema Cl@ve, no resuelve el problema de fondo. Las vulnerabilidades no desaparecen cambiando el sistema de acceso cuando el problema reside en una plataforma tecnológica completamente desfasada.
ANPE Cantabria exige:
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La adopción inmediata de medidas eficaces para garantizar la seguridad de los datos personales y profesionales de toda la comunidad educativa.
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La eliminación de YEDRA y su sustitución por una plataforma moderna, segura y adaptada a las necesidades reales del sistema educativo.
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Información transparente y completa a todas las personas cuyos datos puedan haberse visto comprometidos.
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Una investigación exhaustiva de lo sucedido y la depuración de responsabilidades entre quienes hayan ocultado esta situación o incumplido sus obligaciones de protección y comunicación.
No estamos ante un simple problema informático. Estamos ante un incidente que afecta a la privacidad y seguridad de miles de personas, muchas de ellas menores de edad, y que pone en cuestión la gestión de los sistemas tecnológicos de la Consejería de Educación.
ANPE Cantabria considera especialmente grave que una Administración pública pueda incurrir en prácticas que, si fueran realizadas por una empresa privada, podrían dar lugar a importantes sanciones y responsabilidades. La Administración debe ser la primera en cumplir y garantizar la protección de los derechos de la ciudadanía, no la última en dar explicaciones.
La comunidad educativa merece respeto, transparencia y seguridad. ANPE Cantabria no va a aceptar parches ni soluciones cosméticas ante un problema estructural que lleva años denunciando. Es hora de asumir responsabilidades y ofrecer soluciones definitivas.
