Denunciamos la falta de respuesta a nuestras reiteradas solicitudes de información y advertimos de que la aplicación del Programa de Cooperación Territorial no puede servir para cuestionar la autonomía pedagógica y organizativa de los centros ni para imponer obligaciones al profesorado sin una base normativa clara.
ANPE Cantabria exige a la Consejería de Educación que explique qué normativa ampara la obligatoriedad de elaborar planes lectores institucionales en determinados centros educativos y de exigir al conjunto de sus docentes la realización de cursos específicos de formación vinculados a estos planes, en el marco del Programa de Cooperación Territorial (PCT) de refuerzo de la competencia lectora.
El sindicato considera especialmente preocupante que, pese a haber solicitado estas aclaraciones en varias ocasiones, la Administración educativa siga sin ofrecer una respuesta. La última petición se formuló el pasado miércoles en la Mesa Sectorial de Educación, sin que ANPE recibiera información sobre las disposiciones que justificarían estas exigencias.
La Consejería sigue sin responder a una cuestión fundamental: ¿qué norma obliga a los centros y a sus docentes?
ANPE Cantabria recuerda que la implantación de iniciativas educativas debe respetar la autonomía pedagógica y organizativa de los centros, así como los derechos del profesorado. La elaboración de un plan lector puede constituir una herramienta útil para mejorar la competencia lectora del alumnado, pero su imposición como obligación institucional, junto con la exigencia de formación específica para todos los docentes, requiere aclaraciones normativas que la Consejería no ha facilitado.
El sindicato no cuestiona la importancia de mejorar la comprensión lectora ni la utilidad de la formación permanente. Lo que cuestiona es que se trasladen nuevas obligaciones a los centros y al profesorado sin explicar con claridad cuál es su fundamento jurídico, qué alcance tienen y en qué disposición se establece su carácter obligatorio.
La situación resulta aún más llamativa si se tiene en cuenta que ANPE ha planteado esta cuestión de manera reiterada y por distintas vías. Sin embargo, la respuesta de la Administración sigue sin llegar. Para el sindicato, este silencio impide conocer las razones de las decisiones adoptadas y deja a los equipos directivos y al profesorado sin la información necesaria para saber qué obligaciones deben cumplir y en qué términos.
El Programa de Cooperación Territorial no sustituye la obligación de explicar cómo se aplica
La Resolución de 11 de junio de 2026, publicada en el BOE el 20 de junio, regula la distribución territorial de los fondos y los criterios de ejecución del Programa de Cooperación Territorial de refuerzo de la competencia lectora para 2026. Entre las actuaciones contempladas figuran la formación del profesorado, el asesoramiento a los centros y el impulso de planes de lectura.
No obstante, ANPE Cantabria reclama que la Consejería identifique la normativa concreta en la que fundamenta las instrucciones que está trasladando a los centros, especialmente en lo relativo a la obligación de elaborar estos planes y a la participación de todo el profesorado en las actividades formativas. De hecho, ANPE Cantabria tiene constancia de que la forma de aplicar esta obligatoriedad está resultando diferente en distintos centros, debido al grado de incertidumbre existente a la hora de aplicar estos programas.
La existencia de un programa estatal que contempla determinadas actuaciones no resuelve, por sí sola, todas las dudas sobre la forma en que la Administración autonómica las aplica ni sobre el alcance de las obligaciones que pretende establecer. Por ello, el sindicato considera imprescindible que la Consejería informe de manera expresa y documentada sobre las disposiciones que sustentan sus decisiones.
ANPE Cantabria no acepta que la falta de respuestas se convierta en la forma habitual de actuar de la Administración
Para ANPE, no es admisible que una organización sindical tenga que reclamar reiteradamente información sobre decisiones que afectan directamente al funcionamiento de los centros y a las condiciones de trabajo del profesorado sin obtener una explicación clara.
La ausencia de respuestas no solo dificulta la labor de representación sindical. También genera incertidumbre entre los equipos directivos y los docentes, que necesitan conocer el alcance de las instrucciones recibidas y las normas en las que se apoyan antes de asumir nuevas tareas y compromisos formativos.
Por este motivo, ANPE Cantabria insiste en que la Consejería debe abandonar el silencio y responder de forma expresa a las cuestiones planteadas. El diálogo en la Mesa Sectorial debe servir para aclarar las decisiones de la Administración y garantizar que las obligaciones que se exigen al profesorado cuentan con el correspondiente respaldo normativo, no para dejar sin contestación las preguntas de sus representantes.
El sindicato seguirá reclamando las explicaciones solicitadas y defenderá que cualquier iniciativa educativa se desarrolle con respeto a la autonomía de los centros, a los derechos del profesorado y a las garantías que deben regir la actuación de la Administración educativa.
ANPE Cantabria exige respuestas, no silencio. Los centros educativos y sus docentes tienen derecho a conocer qué se les exige, por qué se les exige y qué norma respalda esas decisiones. La Consejería debe dar esas explicaciones sin más demoras.
