ANPE Cantabria solicitó el 30 de septiembre del 2025 a la Dirección General de Formación Profesional que aclarase de manera expresa aspectos de las Instrucciones de Inicio de Curso, relativas al capítulo XI sobre la prevención de riesgos laborales en los talleres de Formación Profesional, al considerar que existen contradicciones e importantes zonas de incertidumbre entre el contenido de dichas instrucciones y las explicaciones posteriores ofrecidas por la propia Administración.
El sindicato considera imprescindible garantizar la seguridad jurídica del profesorado afectado, especialmente en aquellas familias profesionales que trabajan diariamente con maquinaria, herramientas y equipos potencialmente peligrosos.
Las Instrucciones de Inicio de Curso incorporaban nuevas obligaciones relacionadas con la elaboración de inventarios de maquinaria, cumplimentación de checklists de seguridad, realización de inspecciones y revisiones periódicas, elaboración de procedimientos escritos, registros documentales, actas de seguimiento e informes de incidencias.
Sin embargo, en la pasada mesa técnica en la respuesta remitida a una organización sindical, la Consejería sostiene que estas medidas no suponían un incremento de responsabilidades para el profesorado y que no se les están atribuyendo funciones técnicas especializadas.
Para ANPE Cantabria esta afirmación resulta difícilmente compatible con el contenido de las propias instrucciones.
Por una parte, se exige a los departamentos didácticos la cumplimentación obligatoria de checklists de seguridad antes de la utilización de cada máquina o equipo con alumnado. Por otra, la Administración los califica posteriormente como herramientas meramente orientativas.
Asimismo, mientras las instrucciones obligan a establecer calendarios de inspección, revisión y mantenimiento, la respuesta administrativa reduce estas actuaciones a simples tareas de uso seguro, sin aclarar suficientemente dónde se encuentra la frontera entre la función docente y las funciones técnicas especializadas.
Especial preocupación genera la introducción del concepto de “mantenimiento de nivel 1”, utilizado por la Consejería para justificar determinadas actuaciones del profesorado, sin que exista una definición clara de su alcance ni una referencia normativa expresa que delimite qué operaciones comprende y cuáles quedan fuera de las competencias docentes.
ANPE considera igualmente preocupante que se afirme que el profesorado no realiza validaciones técnicas de seguridad mientras, al mismo tiempo, se le exige detectar deficiencias, verificar dispositivos de protección y participar en procedimientos que pueden determinar si una máquina puede o no ser utilizada por el alumnado.
El sindicato recuerda que los docentes de Formación Profesional son profesionales de la enseñanza y expertos en sus respectivas especialidades, pero no técnicos superiores de prevención de riesgos laborales, inspectores de seguridad industrial ni responsables de certificación técnica de maquinaria.
Por ello, ANPE Cantabria reclama que la Consejería publique una aclaración oficial que determine de manera inequívoca de cara al próximo curso:
- El carácter no obligatorio de los checklists de seguridad.
- El alcance real de las inspecciones, revisiones y actuaciones de mantenimiento exigidas al profesorado.
- La definición y fundamento normativo del denominado “mantenimiento de nivel 1”.
- Las responsabilidades derivadas de la detección de deficiencias en máquinas y equipos.
- La distribución de funciones entre profesorado, departamentos didácticos, equipos directivos, servicios técnicos y Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
ANPE Cantabria comparte plenamente la necesidad de reforzar la prevención de riesgos laborales en los talleres de Formación Profesional y de garantizar entornos seguros para alumnado y profesorado. Sin embargo, considera que dicho objetivo debe alcanzarse mediante procedimientos claros, recursos suficientes y una delimitación precisa de responsabilidades que evite trasladar al profesorado funciones ajenas a su ámbito profesional.
La prevención de riesgos laborales no puede construirse sobre la incertidumbre jurídica. La seguridad de los centros educativos exige normas claras, responsabilidades definidas y el respaldo técnico adecuado para quienes desarrollan diariamente su labor docente en los talleres de Formación Profesional.
