ANPE Cantabria rechaza las declaraciones en prensa del Consejero de Educación sobre el traslado de ciclos formativos del IES José del Campo y considera que no se ajustan a los hechos conocidos por esta organización sindical.
El sindicato recuerda que el pasado 27 de abril solicitó una reunión para conocer si existían planes para trasladar estos ciclos a una fundación privada. La respuesta de la Dirección General de Formación Profesional, remitida el 30 de abril, negaba expresamente la existencia de cualquier traslado. Sin embargo, según la información recabada por ANPE, la decisión no fue comunicada oficialmente al centro hasta el 28 de mayo y el compromiso de mantener las enseñanzas dentro de la red pública no llegó por escrito hasta el 1 de junio, después de que el sindicato denunciara públicamente la situación. ANPE Cantabria no puede entender que la primera y única opción sea trasladar las enseñanzas a una entidad privada, en lugar de buscar alternativas en instalaciones públicas.
ANPE también considera inexacta la afirmación de que los docentes no participarán en el traslado, ya que será el equipo directivo del centro (integrado por docentes en activo) quien deba coordinar las actuaciones necesarias para el desmontaje y traslado de maquinaria y equipamientos.
El sindicato reitera que su actuación responde exclusivamente a la defensa de la educación pública y a la exigencia de transparencia. En este sentido, cuestiona por qué no se han buscado alternativas en instalaciones públicas y por qué ni los representantes de los trabajadores, ni la comunidad educativa, fueron informados de unas actuaciones que la propia Administración reconoce que llevaba tiempo estudiando y que afectan a las condiciones laborales del profesorado.
ANPE recuerda que la función de un sindicato es fiscalizar la actuación de la Administración, defender al profesorado y exigir información y garantías en aquellas decisiones que afectan a los centros educativos públicos. Criticar la gestión de este proceso no supone atacar la educación pública, sino ejercer la labor sindical que le corresponde.
Asimismo, considera contradictorio que la Consejería justifique sus actuaciones apelando a problemas conocidos desde hace 17 años. Si esas deficiencias existían, era responsabilidad de la Administración resolverlas. Garantizar la seguridad de alumnado y profesorado es imprescindible, pero ello no impide exigir una mejor planificación, más transparencia y una adecuada rendición de cuentas.
Por último, ANPE considera que el consejero, como máximo responsable de la educación en Cantabria, debe asumir la responsabilidad de sus decisiones. Tras tres años al frente de la Consejería, la comunidad educativa necesita soluciones y compromisos concretos, no explicaciones basadas en la actuación de gobiernos anteriores.
Por ello, ANPE exige al consejero un compromiso por escrito, en lugar de declaraciones incendiarias, de inversión para la reparación y mejora de las instalaciones del IES José del Campo y garantías de que las enseñanzas afectadas regresarán al centro público del que nunca debieron salir en el menor plazo posible, compromiso que a día de hoy no existe con esta organización sindical.
