El pasado 27 de marzo, la Junta de Personal Docente de Cantabria trasladamos formalmente a la Consejería de Educación, dirigida por Sergio Silva, nuestra disposición a retomar las conversaciones para avanzar en la mejora de la Educación Pública. Lo hicimos desde una actitud constructiva, proponiendo actualizar el cronograma de negociación con una serie de asuntos urgentes y ampliamente compartidos por el profesorado, como son la bajada de ratios, la reducción de la burocracia o la regulación normativa de las actividades extraescolares.
Hoy, casi un mes después, debemos comunicar que no hemos recibido ningún tipo de respuesta por parte del consejero, ni siquiera tras haber reiterado la semana pasada nuestra invitación a negociar. Este silencio resulta preocupante, especialmente cuando hablamos de cuestiones que afectan directamente al funcionamiento de los centros educativos y a la calidad del sistema público.
Nuestra prioridad sigue siendo clara: abordar sin más dilaciones los temas fundamentales que continúan pendientes, en línea con nuestra trayectoria y con nuestra demostrada preocupación por impulsar mejoras en la Educación Pública y en todas las cuestiones que inciden en las condiciones laborales del profesorado.
En primer lugar, la bajada de ratios, una medida que cuenta con un amplio consenso educativo y social. Su implementación parcial y sin un marco normativo claro no puede prolongarse indefinidamente. Es imprescindible retomar su negociación, paralizada por parte de la Consejería en diciembre de 2024, para garantizar su extensión a todas las etapas educativas. Cabe recordar, además, que la última propuesta trasladada por esta Junta de Personal Docente en marzo de 2025 continúa sin haber recibido respuesta. Todo ello, en un contexto de descenso demográfico que ofrece una oportunidad real para mejorar la atención al alumnado.
En segundo lugar, la reducción de la burocracia. El profesorado no puede seguir asumiendo una carga creciente de tareas administrativas que restan tiempo y energía a su labor principal: enseñar, acompañar y evaluar al alumnado. Este asunto, comprometido para su negociación en 2024, sigue sin haberse abordado y requiere una respuesta inmediata.
Asimismo, queremos recordar la necesidad de una regulación clara y garantista de las actividades extraescolares. Más de 3.000 firmas recogidas por esta Junta de Personal avalan esta demanda, que es motivo de preocupación de docentes, equipos directivos y familias.
En los últimos tiempos hemos visto cómo, ante situaciones imprevistas o incidentes en viajes escolares, tanto dentro como fuera de nuestra comunidad, se generan conflictos, inseguridad jurídica y una exposición injusta del profesorado a responsabilidades que no están suficientemente delimitadas.
En Cantabria, el pasado curso, vivimos un episodio que evidenció con claridad esta necesidad: un viaje de estudios que, ante un incidente ajeno al control del profesorado en un aeropuerto internacional, derivó en un señalamiento público injusto hacia los docentes responsables. Y, al mismo tiempo, estamos viendo cómo en otras comunidades autónomas situaciones similares, incluso con derivadas judiciales, vuelven a poner de manifiesto la urgencia de abordar esta cuestión.
Todo ello evidencia que no podemos seguir en un limbo normativo. No es aceptable iniciar un nuevo curso sin un marco claro que garantice seguridad jurídica para docentes, alumnado y familias.
Desde la Junta de Personal Docente reiteramos nuestra voluntad de diálogo. Pero también debemos señalar con claridad que el bloqueo actual no es responsabilidad de la parte sindical, sino de la Consejería de Educación. Por ello, instamos públicamente al consejero Sergio Silva a que abandone esta situación de inacción y convoque, a la mayor brevedad, los espacios de negociación necesarios para dar respuesta a las demandas del profesorado y de la comunidad educativa en su conjunto.
La Educación Pública de Cantabria no puede esperar.
