Cuando hablábamos del calendario escolar, muchas veces el debate se iba a lo de siempre: que si “esto rompe el trimestre”, que si “no encaja con Navidad”, que si “Semana Santa es sagrada”. Pero el calendario escolar no es un calendario de celebraciones. Es una herramienta de organización pedagógica: la estructura que sostiene el trabajo real del alumnado durante el curso, con sus ritmos, su cansancio, su necesidad de consolidar lo aprendido y su derecho a descansar de forma ordenada.
El modelo bimestral con descansos intermedios no se puso por capricho. Responde a una lógica pedagógica consolidada: un calendario bien organizado favorece aprendizajes mejores. En el aula se ve con claridad que los periodos demasiado largos desgastan. Baja la atención, se resiente la convivencia y cae la calidad del trabajo. Por eso el calendario bimestral ayudaba: ordenaba el curso en cinco grandes periodos, facilitaba la evaluación continua, sostenía mejor los hábitos y daba aire al alumnado, especialmente a quienes más necesitan estructura. Un curso con pausas estratégicas permite aprender, practicar, cerrar y retomar con más energía. Eso tiene más sentido pedagógico que volver a periodos larguísimos donde, demasiadas veces, la sensación final es simplemente aguantar y “acabar el libro”.
A partir de ahí entra el debate cultural y social sobre Navidad y Semana Santa. Son periodos importantes, con un arraigo evidente, y nadie pide borrarlos ni negar su dimensión social. Pero en un Estado laico y aconfesional, el criterio principal para ordenar el curso no debería ser encajar festividades religiosas como si fueran el único eje legítimo. Deben ser una parte del calendario social, pero la columna vertebral del calendario escolar tendría que ser pedagógica. Y el modelo bimestral no eliminaba esas fiestas.
Pero aquí está la clave: este debate nunca fue solo sobre calendario. Era una oportunidad para hablar de algo mucho más grande. Era una puerta para abrir un debate público serio sobre conciliación, calidad de vida, empleo digno y corresponsabilidad institucional. Porque si un modelo pedagógico razonable genera dificultades de organización familiar, la respuesta no debería ser desmontarlo sin más, sino preguntarnos por qué seguimos teniendo un sistema laboral que hace tan difícil cuidar, acompañar y conciliar.
Esa es una de las grandes oportunidades perdidas. Se podía haber aprovechado este debate para poner encima de la mesa la necesidad de unas condiciones laborales más dignas, de horarios más humanos, de apoyos públicos a la infancia, de recursos municipales y autonómicos para esas semanas no lectivas, y de una red real de conciliación para las familias trabajadoras. Se podía haber entendido que educar mejor también implica vivir mejor.
Y aquí viene lo peor: la negociación del calendario no ha sido abierta ni transparente, por mucho que quieran vendernos lo contrario. En ese proceso no solo se ha cerrado un modelo pedagógico discutible o defendible; se ha cerrado también la posibilidad de un debate de fondo sobre cómo queremos organizarnos como sociedad. Porque esto no era solo cosa de la Consejería de Educación. Era de todo el Gobierno.
Además, esta forma de negociar no es nueva. Llevamos toda la legislatura intentando trasladar preocupaciones reales sobre lo que ocurre en las aulas, la situación de las familias o el deterioro social que vemos en niños, niñas y jóvenes. Y, sin embargo, demasiadas decisiones han sido unilaterales: cambios en la oposición, promesas incumplidas sobre ratios, cero intentos de reducir la burocracia, ausencia de mesas para abordar los problemas de fondo del sistema educativo público.
Por eso, este cambio del calendario se ha convertido en un ejemplo muy claro de una forma de gobernar que pierde oportunidades. Cada negociación educativa debería servir para mejorar estructuras, recursos, condiciones laborales y calidad de vida. No tendría que verse como un conflicto, sino como una ocasión para avanzar. Aquí, en cambio, se ha optado por cerrar el tema deprisa y mal, alimentando el desencuentro con la comunidad educativa y perdiendo la oportunidad de impulsar cambios que habrían beneficiado no solo a la escuela, sino al conjunto de la sociedad cántabra. Y esa es, seguramente, la parte más triste de toda esta historia.
