La demanda presentada por ANPE solicita la equiparación retributiva de los funcionarios interinos de Formación Profesional (FP), que desempeñaron funciones docentes desde antes del 1 de enero de 2021, con los funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria (PES). El procedimiento se dirige contra la Resolución del Gobierno de Cantabria, que denegó esta integración retributiva a los interinos mediante silencio administrativo y posterior resolución expresa.
Solicitamos la equiparación en efectos económicos y profesionales, alegando que tanto funcionarios interinos como de carrera han realizado las mismas tareas docentes dentro del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional, ahora suprimido, y asumido iguales responsabilidades, por lo que no debería haber diferencias salariales entre ambos colectivos.
Se denuncia discriminación retributiva, ya que la Ley Orgánica 3/2020 de Educación y la normativa de desarrollo han integrado automáticamente a los funcionarios de carrera con titulación en el Cuerpo de PES, excluyendo a los interinos de estos beneficios.
La demanda cita jurisprudencia reciente de juzgados de Madrid, que consideran ilegal el trato retributivo desigual a interinos y reconocen el derecho a equiparación salarial cuando se cumplen los requisitos de titulación y desempeño de funciones.
Se argumenta, apoyándose en sentencias favorables, que mientras se desempeñen las mismas funciones, tanto el personal fijo como el interino deben percibir las mismas retribuciones, consolidando grado y subgrupo profesional.
Nuestra demanda solicita:
- Anulación de la resolución administrativa recurrida
- Reconocimiento del derecho a la integración retributiva en el Cuerpo de PES y la regularización de salarios desde el 1 de enero de 2021
- Condena a la Administración al pago de costas procesales
Este litigio refleja la lucha de ANPE por la igualdad de trato entre docentes interinos y de carrera. El reconocimiento judicial de la equiparación retributiva supondría un avance significativo en la garantía de derechos y condiciones laborales justas para el profesorado interino.
