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Los profesores abajo firmantes queremos dejar constancia de nuestra disconformidad con el nuevo sistema de calificación que, a raíz de la puesta en marcha de la última ley educativa y de las decisiones de la Consejería de Educación de Cantabria, se ha establecido como referencia en el sistema educativo desde el año pasado con los cursos impares, y con el resto durante el presente curso.
Los docentes estamos realizando un esfuerzo notable para tratar de ajustar nuestra evaluación a las peticiones que nos llegan desde los organismos administrativos de Educación, conscientes de que es nuestra obligación, pero también ilusionados con la idea de mejorar
nuestra práctica docente en la que la evaluación juega un papel trascendental. No obstante, a estas alturas del proceso ya podemos testimoniar que el nuevo sistema no resulta práctico ni efectivo a la hora de calificar a los alumnos. Al profesor le supone una cantidad ingente de horas dedicadas a rellenar tablas de diferentes programas informáticos, desglosar las competencias en criterios, informar a los alumnos y a las familias de un sistema tan complejo y, sobre todo, distribuir unos porcentajes absolutamente minúsculos en muchos casos a diferentes actividades que, de igual modo, han de corregirse con puntillosa minuciosidad. En definitiva, a tratar de obtener una cifra con una exhaustividad que resulta tan poco razonable como la que se proponía desde el enfoque de los estándares de aprendizaje.
En este nuevo contexto, la labor docente se asemeja más a una administrativa y contable que a la propia de uno de los colectivos fundamentales en el proceso de formación y crecimiento de personas críticas, responsables y libres. Como consecuencia de este dislate en el correcto enfoque calificador nos vemos forzados a dedicar un tiempo muy valioso en funciones que no contribuyen en absoluto a la mejora del aprendizaje del alumnado, en detrimento del empleado en la preparación de las clases, la atención a la diversidad o la elaboración de actividades motivadoras; funciones que conllevan una verdadera mejora del proceso pedagógico.
Resulta revelador y frustrante a partes iguales la perplejidad que tanto el alumnado (los principales implicados en el proceso formativo de la comunidad educativa) como sus familias muestran al ser informados de los innovadores modos de calificación. Entendemos que la complejidad que implican, el desatino en su planteamiento, la diversidad en función de la asignatura que se trate o el galimatías interpretativo al que puedan dar lugar, propicia más la desafección al proceso educativo que la deseable cohesión de la comunidad educativa. La mayoría del profesorado, estudiantes y familias venimos haciéndonos eco con pesadumbre de este fárrago evaluador involutivo al que nos vemos sometidos desde el curso pasado.
Las aportaciones del Servicio de Inspección Educativa en su empeño de ayudar al profesorado resultan fútiles a la hora de esclarecer un sistema evaluador basado en un desmesurado número de criterios (más de veinte en algunas asignaturas) que, paradójicamente, toma las competencias como elementos nucleares. Partiendo de ahí, la lógica nos dice que lo coherente sería utilizar estas como referente de evaluación y no un sinfín de criterios, de modo que las calificaciones de los estudiantes emanaran de un sistema útil, consecuente y transparente, como reflejo de la adquisición de las distintas competencias en los diferentes cursos y etapas educativas.
En resumen, nos parece poco razonable el mantenimiento de un sistema ineficaz e incoherente y rogamos se tenga en cuenta esta propuesta de modificación que sólo pretende mejorar la calidad educativa.
