La negociación para la recuperación del ACUERDO PARA LA SUSTITUCIÓN PARCIAL DE LA JORNADA LECTIVA POR ACTIVIDADES DE OTRA NATURALEZA PARA MAYORES DE 55 AÑOS, se encuentra en un punto crítico por la actitud inmovilista de la Consejería de Educación.
En la mañana de ayer jueves, la Junta de Personal Docente se reunió con el Consejero de Educación, Sergio Silva, el Director General de Personal Docente, Alberto Hontañón, y técnicos de la Consejería para abordar una tercera ronda de negociación sobre el citado acuerdo. Aunque se ha producido algún acercamiento entre las partes con respecto al borrador inicial presentado por la Consejería, totalmente inasumible para esta Junta de Personal, las posturas siguen estando alejadas.
La Consejería ha aceptado realizar algunas modificaciones “cosméticas” al documento, pero sigue sin ceder en cuestiones que son de vital importancia para la Junta de Personal Docente. Estas cuestiones tienen que ver con el límite de años que se podría aplicar esta medida, el número de horas a sustituir y la cantidad de docentes que podrían acogerse a la misma.
Esta Junta considera inaceptable una propuesta que, con la cantidad de restricciones y requisitos que presenta, dejaría fuera casi a la mitad de los docentes de nuestra comunidad autónoma. Con el texto actual, solo podría solicitar esta sustitución el personal docente con destino definitivo en un centro escolar, dejando fuera a funcionarios con destino provisional, suprimidos, en comisiones de servicio e interinos, por citar algunos ejemplos.
Esta Junta de Personal Docente ha apostado muy fuerte por la recuperación de los derechos perdidos en años anteriores, y más en concreto, alcanzar un acuerdo sobre la sustitución parcial de jornada lectiva sería una medida muy bien recibida por todos los docentes de la enseñanza pública de Cantabria. Además, el propio Consejero ha dado muestras de tener voluntad de alcanzar acuerdos en esta materia, ya que fue él el promotor de la derogación de la Ley 2/2012 que impedía la implantación de esta medida. Por ese motivo, sería muy difícil de entender que el Consejero que más ha hecho por aplicar la medida, fuera el mismo que impidiera su aprobación definitiva, por pretender implantar unos requisitos que no existían con anterioridad.
