La Junta de Personal Docente no Universitario de Cantabria exige al Gobierno de Cantabria, a la Consejería de Educación, a la Consejería de universidades y al Ministerio de Educación y al resto de instituciones implicadas el establecimiento inmediato de un cronograma de negociación que incluya, al menos, los siguientes puntos:
- Reducción de las ratios máximas del alumnado por aula en todas las etapas y niveles educativos. En el momento actual, es necesario aprovechar la coyuntura de baja natalidad para mantener las plantillas docentes de los centros públicos, e incluso aumentarlas para conseguir una reducción de ratios real en todos los niveles educativos. De esta forma se conseguiría una mejor atención al alumnado que supondría una mejora de la calidad educativa.
- Adecuación salarial del trabajo docente, recuperando y aumentando el poder adquisitivo, con una subida salarial lineal, general y no condicionada. Se debe acometer lo antes posible una negociación salarial para aumentar el poder adquisitivo del profesorado de la enseñanza pública. Durante años hemos sufrido una merma importante de nuestro poder adquisitivo, que en el último año se ha agravado con el aumento de la inflación. El funcionariado público no podemos ser los paganos de todas las crisis económicas. Somos una pieza básica en el funcionamiento del estado del bienestar, debemos ser tratados con respeto y nuestras reivindicaciones deben ser atendidas. En Cantabria llevamos más de 15 años sin negociar una adecuación retributiva como las firmadas en 1998, 2003 y 2008.
- Reducción de la carga de horario lectivo y de permanencia en el centro. El personal docente está cada vez más saturado de tareas y funciones nuevas que son decretadas por las administraciones educativas. El trabajo docente es cada día más complejo, y sin embargo, no se reduce el horario lectivo. Se debe poner coto a esta situación, disminuyendo la carga lectiva del profesorado. Asimismo, se debe reducir el horario de presencialidad en los centros educativos, ya que los docentes realizamos gran cantidad de tareas sin presencia de alumnado, y por lo tanto, la permanencia en el centro no es imprescindible. Especialmente para el profesorado mayor de 55 años, recuperando la sustitución parcial de horas lectivas por otras actividades en los centros.
- Gestión pública y directa de todos los servicios prestados en los centros educativos por parte de la Consejería de Educación. Actualmente existen muchos servicios de carácter educativo que están gestionados por empresas privadas, tales como, por citar algunos: orientación educativa, planes de refuerzo, auxiliares de conversación, personal técnico educativo y sociosanitario…
- Eliminación de todas las unidades privadas concertadas. Esta Junta de Personal entiende que el dinero público debe ser invertido en la educación pública, en detrimento de la financiación de empresas privadas.
- Cobertura diaria de todas las vacantes y sustituciones por el personal interino desde el primer día de ausencia. Durante la pandemia se estuvo sustituyendo diariamente, y no supuso ningún problema. Más al contrario, el servicio de sustituciones funcionó de una manera inmejorable. Consideramos muy importante que estas sustituciones se apliquen en todos los niveles, etapas educativas y especialidades sin interrupciones durante todo el curso escolar.
- Establecer mecanismos para reducir la sobrecarga burocrática del personal docente. Los docentes tenemos que realizar gran cantidad de tareas burocráticas y de gestión que no nos son propias, que nos quitan tiempo para realizar nuestra principal labor, la docencia.
- Regulación del teletrabajo. El teletrabajo ha venido para quedarse y es necesaria una regulación urgente del mismo en el ámbito docente. De hecho, los docentes llevamos teletrabajando mucho tiempo. Solicitamos abrir una mesa de negociación para tratar este tema.
- Especial protección a la Escuela Rural, añadiendo otros centros y ampliando recursos. La Consejera de Educación públicamente ha manifestado su apoyo a la escuela rural, pero el hecho cierto es que esas declaraciones no se han materializado en nuevas aperturas de centros en este entorno.
- Mejora del acuerdo de permisos y licencias para favorecer la conciliación. Es necesario reabrir la negociación de permisos y licencias para equiparar nuestro régimen con el resto de funcionarios públicos.
- Mejora de la formación permanente e inicial del personal docente. La complejidad de las tareas docentes hace necesaria una actualización de la oferta formativa de la Consejería de Educación para su personal docente. Se debe adecuar la oferta a la demanda existente.
- Creación de plazas de plantilla jurídica para adecuarlas a las plantillas reales, a través de la elaboración de plantillas tipo para todos los centros educativos. La diferencia entre la plantilla real y jurídica es muy grande, lo que no favorece la estabilidad del profesorado en los centros. Esto impide la continuidad de proyectos educativos. Se deben negociar con las organizaciones sindicales unos criterios de mínimos comunes para todos los centros.
- Plan de atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y de compensación educativa. Es necesario un aumento de especialistas de atención a la diversidad y de compensación educativa para hacer frente a la creciente demanda.
- Desarrollo de la figura del coordinador o la coordinadora de bienestar en los centros, dotando de horas lectivas a sus funciones, establecimiento claro de estas últimas y formación específica para las personas encargadas de ejercerlas. Esta figura está funcionando desde el inicio del curso escolar 22-23 y sin embargo, todavía no hay una regulación correcta de quién debe encargarse y cuáles son sus atribuciones.
- Desarrollo de un Plan de Salud Laboral para el profesorado con especial atención a la salud mental del personal docente. Uno de los grandes demandas de nuestra sociedad es la atención a la salud mental. Sin embargo, esta administración educativa apenas ha realizado actuaciones para evaluar, prevenir y mejorar las condiciones psicosociales de su plantilla.
- Incremento adecuado de la oferta pública de estudios habilitantes para la docencia y eliminación de trabas socioeconómicas para el acceso. Cada vez hay más demanda de acceso a este tipo de estudios, pero inexplicablemente, la oferta de los centros públicos es ridícula abocando a gran cantidad de aspirantes año tras año a pagar cuantiosas matrículas en centros privados. Este aumento de la oferta debería ir acompañada de una inversión en becas acorde a la misma.
- Mejora del acceso a la función pública docente, negociada con las Organizaciones Sindicales. El sistema de acceso a la función pública docente está desfasado (2007) y ha sufrido ya varias modificaciones. Se debe negociar un sistema más actualizado y que mejore las condiciones tanto de aspirantes como de tribunales.
- Integración de todo el personal docente en el grupo A1 y aumento al nivel 26 de todos los cuerpos docentes. No se entiende que con el mismo nivel de titulación y mismas funciones, haya diferencias salariales tan importantes. Exigimos abrir una negociación urgente para zanjar este asunto.
- Extensión de la jubilación anticipada a todo el personal docente. En este momento existen diferencias en la edad de jubilación del profesorado, dependiendo del año de ingreso a la función pública o de la situación administrativa. Pedimos que la jubilación anticipada se extienda a todo el personal docente sin ningún tipo de excepción.
- Democratización de los centros, recuperando el papel gobernante del Claustro. Exigimos una mayor participación de los docentes en la toma de decisiones del centro escolar que nos afectan directamente, para mejorar la implicación en el desarrollo del proyecto educativo.
