Es fundamental que el Ministerio de Educación en colaboración con las CCAA, desarrollen la Disposición Adicional Séptima de la LOMLOE y así se establezca:
Una LEY DE LA PROFESIÓN DOCENTE, en la que se regulen los derechos, deberes, un código deontológico de la profesión docente, la formación inicial y los requisitos mínimos para impartir docencia.
Y un ESTATUTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DOCENTE, que regule desde el acceso a la condición de funcionario docente hasta un modelo de jubilación anticipada. Estableciendo una carrera profesional y la equiparación de las condiciones laborales del profesorado en todas las CCAA, reforzando el carácter estatal de los cuerpos docentes.
Esta normativa debe fijar y recoger las siguientes medidas:
- Retribuciones y equiparación salarial. Los docentes somos un cuerpo estatal y no cabe discriminación salarial ni diferencias en la retribución por las funciones que realizamos en las distintas Comunidades Autónomas. Es imprescindible también, y ahora más necesario que nunca, establecer una cláusula de revisión salarial en función del IPC, y así evitar la pérdida de poder adquisitivo.
- Horario lectivo del profesorado. ANPE fue el único sindicato que exigió a la Ministra fijar un horario lectivo del profesorado máximo para todo el Estado, de tal manera que no pueda superar las 23 horas lectivas para las enseñanzas de Infantil y Primaria, y de 18 horas lectivas para el resto de enseñanzas, y evitar grandes diferencias entre CCAA.
- Ratios de alumnos por aula. Es necesaria una reducción del número máximo de alumnos por aula en todas las enseñanzas: máximo de 15 alumnos en 3 años y 18 alumnos en 4 y 5 años, 20 alumnos en Primaria, 25 alumnos en Secundaria y Bachillerato, y una reducción de un 20% en el resto de las enseñanzas.
- Cuerpos docentes. Inclusión de todos los docentes, con titulación universitaria, en el grupo funcionarial A1, manteniendo los cuerpos docentes y estableciendo mecanismos de equiparación salarial.
- Conciliación familiar y laboral del profesorado. Es necesaria una equiparación de los permisos, licencias y excedencias del profesorado en todo el Estado, además de acabar con la discriminación existente con otros empleados públicos. También exigimos el establecimiento de ayudas sociales para el profesorado como matrícula gratuita en la Universidad y en los centros de régimen especial, ayudas de guardería, comedor y de estudios para nuestros hijos, etc.
- Formación inicial y permanente del profesorado. Una formación inicial y requisitos para impartir docencias similares en todos los cuerpos docentes que permita la integración de todos ellos en el más alto grado funcionarial. Respecto a la formación permanente del profesorado, debe ser gratuita y en horario lectivo.
- Interinos. Estabilidad de plantillas y nuevo sistema de acceso a los cuerpos docentes. Es necesario dar estabilidad a las plantillas de los centros a través de amplias ofertas de empleo público. A su vez, hay que cambiar el actual sistema de concurso-oposición por otro más objetivo, con temarios oficiales con contenido y pruebas más objetivas. Con una valoración de la experiencia docente hasta el máximo permitido por la legalidad y eximir de la fase de prácticas a aquellos docentes que ya han desempeñado su labor docente como interinos durante un tiempo mínimo.
- Movilidad del profesorado. Además de las convocatorias de Concurso General de Traslados de carácter estatal, se regulen convocatorias de comisiones de servicio, válidas para todo el territorio nacional y de “concursillo”.
- Carrera profesional y jubilación anticipada. Es imprescindible regular una carrera profesional, con reconocimiento económico y administrativo, basada en criterios objetivos. Hay que potenciar la convocatoria en todas las CCAA de plazas de acceso a cátedras hasta llegar al 30% de la plantilla. Es imprescindible también fijar un modelo de jubilación anticipada con carácter específico a nuestro sector y asegurar su continuidad.
- Plan de mejora de la convivencia y autoridad docente. Es necesario establecer un Plan de mejora de la convivencia en los centros que sirva de marco para todas las CCAA, además de una normativa nacional con rango de Ley que desarrolle el reconocimiento de autoridad pública del profesorado en el ejercicio de su función.
- Papel de los claustros. Los Claustros deben recuperar su protagonismo y asumir más competencias en el gobierno y toma de decisiones de los centros educativos, por ejemplo, eligiendo al director.
- Reducción de la burocracia. Hay que reducir drásticamente la burocracia que sufrimos los docentes que no ha parado de aumentar en los últimos años, fundamentalmente en el momento actual con el desarrollo de la LOMLOE, ahora más que nunca es necesario exigir menos burocracia y más docencia.
