La Junta de Personal Docente de Cantabria (formada por STEC, ANPE, TU, CCOO, UGT y CSIF considera inaceptable la decisión de la Consejería de dejar que los los centros privados concertados contraten orientadores directamente pagados con fondos públicos.
En la reunión mantenida ayer, la Consejera de Educación y Formación Profesional Marina Lombó, informó de la decisión de su departamento de pagar con fondos públicos a los orientadores de los centros privados concertados, sin darnos ningún dato de la demanda existente por parte de dichos centros.
La JPD rechaza esta medida que supondrá un cambio de modelo de atención a la diversidad ya que para esta JPD dicho modelo no debe modificarse; es una línea roja que no puede traspasarse ya que entendemos que este servicio debe ser atendido, como hasta ahora, por orientadores públicos que puedan trabajar con rigor e independencia, pensando únicamente en el bienestar y las necesidades del alumnado.
Si la Consejería considera que hay que prestar mayor atención a los centros privados concertados (a pesar que más del 80% de alumnos con necesidades está escolarizado en centros públicos), habrá que dotar con más personal a los equipos de orientación dependientes de la Consejería, y no financiar con fondos públicos la contratación de empresas privadas.
Por otro lado esta JPD teme la pérdida de puestos de trabajo en el sector público de Cantabria, concretamente en los equipos de orientación.
En Cantabria existen actualmente 6 equipos de orientación en los que trabajan alrededor de 60 profesionales de la atención a la diversidad. Estos equipos atienden a todos los centros públicos de Cantabria que carecen de orientador propio (centros con menos de 250 alumnos), y a todos los centros privados concertados de nuestra comunidad. Si la Consejería toma esta decisión y permite la contratación de orientadores directamente a los centros privados concertados (actualmente hay 54 centros privados concertados de infantil y primaria en Cantabria), puede suponer una merma importante de recursos públicos que pasarían a sufragar contrataciones en el ámbito privado.
Dentro del sistema educativo de nuestra comunidad los EOEP son esenciales por su labor compensadora de desigualdades. Además, cumplen una doble función; por una parte, han asegurado que la orientación se desarrolle en toda su dimensión en los centros que no cuentan con una Unidad de Orientación Educativa por ser menores de 250 alumnos y, por otra parte, han velado por la equidad dentro del sistema educativo entre centros públicos y privados concertados.
Además, la composición interdisciplinar de los EOEP, permite el análisis y valoración de las necesidades y elaborar una respuesta coordinada con criterios técnicos compartidos. El acceso a la función pública de estos profesionales está avalado por el proceso de concurso-oposición que garantiza la calidad del servicio.
Esta JPD espera que la Consejería de Educación recapacite, y no tome ninguna medida que pueda significar la pérdida de empleo en la educación pública, desviando fondos públicos a la contratación de personal en el sector privado, sin los criterios selectivos de igualdad, mérito y capacidad.
La JPD exige a la Consejería de Educación que se mantenga el modelo de atención a la diversidad actual, si es necesario dotando de más personal a los equipos, y que se garantice que no se va a perder ni un solo puesto de trabajo en la enseñanza pública para favorecer a empresas privadas.
