Una polémica reforma educativa
Cuando la LOMLOE inició su trámite parlamentario el pasado mes de marzo, ya desde ANPE denunciábamos que este proyecto había omitido los pasos previstos para su tramitación: mesa sectorial, consejo escolar del estado, consejo de estado, así como el trámite de comparecencias parlamentarias de representantes de la comunidad educativa llevado a cabo en todas las leyes orgánicas educativas anteriores. Por tanto, la primera valoración que hacemos de este proyecto tiene que ver con que nace sin diálogo, sin negociación previa y sin un mínimo consenso, lo cual como ha sucedido con otras leyes educativas conllevará que esta ley tenga que ser derogada o modificada, en aspectos sustanciales, con ocasión de un nuevo cambio de gobierno.
Lo que en su día nació como un proyecto apresurado para derogar la LOMCE y volver a los postulados de la LOE-LOMCE, tras la intervención de los grupos parlamentarios, que sustentan al gobierno, y la asunción de algunas enmiendas han convertido aquella propuesta inicial en un texto todavía más ideologizado, mediante la incorporación de medidas muy polémicas y controvertidas que polarizan y fraccionan cada vez más las posiciones políticas, sociales y territoriales en el ámbito educativo.
La enmienda pactada por la cual el castellano deja de ser lengua vehicular significa que deja de ser oficial y atenta contra el derecho de una parte significativa del alumnado en determinadas zonas de España al no recibir las enseñanzas obligatorias en su lengua materna. El castellano es la lengua oficial de todos los españoles, un derecho básico y fundamental. Y el Gobierno de España debe proteger los derechos lingüísticos de todos sus ciudadanos. La desaparición del castellano como lengua vehicular afectará también al carácter estatal de los cuerpos docentes. Si se llega a imponer esta medida en la ley, confiamos en que los partidos que tengan grupo parlamentario con capacidad de recurrir lo hagan inmediatamente ante el Tribunal Constitucional.
No menos preocupante resulta la adopción de propuestas que ahondan cada vez más en la desvertebración educativa y en la devaluación de la cultura del rigor y el esfuerzo. Para ANPE, no se puede dejar al albur de las Comunidades Autónomas la regulación de los criterios de promoción y titulación y trasladar la responsabilidad de modificarlos a los centros y equipos docentes. Si se mantiene finalmente esta redacción no solo se quiebra el principio de seguridad jurídica, sino que también se vulneraría el principio de igualdad de oportunidades del alumnado que, en función de su lugar de residencia, podrá contar con condiciones distintas de promoción y titulación.
Hemos reiterado en muchas ocasiones que buscar la promoción y la titulación semiautomática del alumnado, sin considerar el número de materias no superadas, lanza un mensaje demoledor a los valores de esfuerzo y mérito del alumnado y no es la solución contra el fracaso escolar. Todo lo contrario, el alumnado de la enseñanza pública será el más perjudicado por esta medida, fundamentalmente el de las clases sociales más desfavorecidas, pues este alumnado no podrá compensar los déficits de aprendizaje por otro medio distinto. Aumentará aún más la brecha social y minimizará las posibilidades de la enseñanza pública como verdadera a herramienta transformadora de progreso y “ascensor social”.
En la misma línea se encuentra la pérdida de los contenidos comunes que adelgazan el currículo básico y común que corresponde al estado. En el trámite parlamentario se pretende incluso modificar y dar más competencias a las comunidades autónomas, incluso en algunas enmiendas se plantea rebajar al 50% la competencia del estado al fijar el currículo básico y el otro 50% a las autonomías, por no hablar de la pérdida cada vez más evidente de las humanidades en el currículo educativo.
No menos sorprendente resultan las propuestas que estamos conociendo, a la espera de la aprobación del texto final, sobre el desarrollo de la profesión docente: aquí nos encontramos con otra modificación que no compartimos y es que se deje en manos de las Comunidades Autónomas el presentar una propuesta normativa que regule la formación inicial y permanente, el acceso y el desarrollo profesional docente. Desde ANPE pedimos que sea el Ministerio de Educación el que elabore una propuesta, una vez oídas las CCAA, para ser negociada con los representantes del profesorado. Proponemos que se articule, en el marco de un Estatuto de la Función Pública Docente, el ingreso y acceso a los cuerpos docentes, el establecimiento de la carrera profesional docente desde el ingreso hasta la jubilación, regulando y consolidando un sistema de jubilación anticipada. Además de establecer, en dicha futura norma, el derecho de movilidad del profesorado por todo el Estado, manteniendo para ello el carácter estatal de los cuerpos docentes. Si no se observan estas previsiones nos veremos abocados a la configuración de hecho y de derecho a 17 sistemas educativos distintos y diferentes en nuestro Estado.
En definitiva, cuando la ley sea aprobada estaremos en presencia de una norma que no sólo no viene precedida de un acuerdo básico o un pacto de estado, que hubiera permitido sentar las bases de lo que debe ser la reforma profunda y global que necesita la educación en España y que sirviera para dotar de estabilidad normativa y perdurabilidad al sistema, sino que nos encontraremos con una reforma sin el mínimo consenso social en aspectos nucleares y básicos, que hasta ahora ha tenido como guía el artículo 27 de nuestra constitución y la interpretación que de ello ha hecho la jurisprudencia del T. Constitucional. Una ley que, en algunos de sus postulados, responde más a ser una moneda de cambio para otros asuntos de la gobernabilidad de España, y que nos aleja del compromiso de que la Educación sea una verdadera prioridad política y social.
