Como consecuencia de la expansión de la pandemia de la COVID-19, los centros educativos se vieron obligados a suspender su actividad lectiva y a efectuar los procesos de enseñanza y aprendizaje mediante la modalidad a distancia, fundamentalmente a través de recursos en línea. La comunidad educativa realizó las adaptaciones necesarias para dar respuesta, de manera encomiable, a una situación tan excepcional, demostrando, una vez más, estar a la altura y adaptarse tan rápidamente a las circunstancias. El Ministerio de Educación y Formación Profesional en coordinación con las Comunidades Autónomas promovió las medidas necesarias para el desarrollo y finalización del curso escolar, que se concretaron en distintos acuerdos que se alcanzaron en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación.
En este contexto, el Ministerio ha visto necesario constituir un Grupo de Trabajo que permita, en coordinación con las autoridades sanitarias, analizar y evaluar la evolución y el impacto de la pandemia en el ámbito de la educación no universitaria y de la formación profesional, y que a partir de este seguimiento la información obtenida sirva para efectuar las recomendaciones y, en su caso, adoptar las decisiones necesarias en respuesta a las situaciones que se produzcan, en coordinación y colaboración con las Administraciones educativas, y sin perjuicio de las competencias que el ordenamiento jurídico vigente reconoce a las Comunidades Autónomas.
