Desde ANPE consideramos que esta reforma educativa, no viene precedida de un acuerdo básico o un pacto de estado que hubiera permitido sentar las bases de lo que debe ser la reforma profunda y global que necesita la educación en España y que sirviera para dotar de estabilidad normativa y perdurabilidad al sistema educativo.
La nueva propuesta de reforma educativa es parcial y supone una vuelta a la LOE con algunas modificaciones y, so pretexto de derogar la LOMCE, sin embargo, mantiene mucho articulado de esta ley, y sigue sin abordar cuestiones fundamentales como el modelo, la estructura del sistema, la vertebración del currículo, las evaluaciones, el derecho a usar el castellano como lengua vehicular haciéndolo compatible con las demás lenguas vernáculas o la financiación.
Al margen de todo ello, el nuevo texto incluye algunos avances en su único articulado, que corrige algunas deficiencias de la LOMCE relacionadas con medidas académicas, el diseño curricular, la estructura de los ciclos y el funcionamiento de los centros. Hay otros temas que bien desarrollados pueden permitir mejoras evidentes, nos referimos a la elaboración de un currículo más concreto racional y equilibrado y a un verdadero impulso de la formación profesional. Sin embargo, en el debe del texto tenemos que reseñar la ausencia de evaluaciones censales al finalizar las etapas (nunca reválidas) en lugar de las evaluaciones muestrales, que pueden desvirtuar y dejar sin eficacia el sentido de las evaluaciones de diagnóstico de todo el alumnado. También se ha perdido una oportunidad importante de haber incluido un Bachillerato de tres años y, criticamos la posibilidad de titular en el Bachillerato con una materia pendiente.
En el futuro desarrollo de la ley, es importante que se inicie inmediatamente la negociación de la situación del profesorado. En la disposición adicional séptima existe el compromiso de elaborar una normativa en el plazo de un año que regule, entre otros aspectos, la formación inicial y permanente, el acceso a la profesión y el desarrollo de la carrera docente. Este compromiso supone empezar a trabajar en los ámbitos de negociación correspondientes para abordar la ley del profesorado y el estatuto docente.
ANPE exige abordar la situación del profesorado desde una dimensión global y conjunta y no con medidas parciales y aisladas y, debatiendo todo lo que tiene que ver con los cambios de la profesión docente en el marco de la mesa sectorial con una verdadera negociación con los legítimos representantes del profesorado.
Para ANPE es fundamental una Ley de la Profesión docente que regule la formación inicial, las condiciones habilitantes para el ejercicio de la docencia en la enseñanza no universitaria y el desarrollo de la libertad de cátedra entre otros aspectos. Todo ello complementado con la promulgación de un Estatuto de la función docente que regule el acceso e ingreso a la misma, mediante un sistema más objetivo y garantista, que contemple el diseño de una carrera profesional y que establezca el encuadre de todos los cuerpos docentes en grupo A1 sentando, a su vez, las bases para conseguir la equiparación salarial y de condiciones laborales del profesorado en todo el Estado.
