El Gobierno central publicó el pasado 22 de abril en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 154/2020 de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo como consecuencia de la pandemia por la Covid-19. La sorpresa y la incertidumbre se han generado porque en su articulado se hace referencia a cambios en la legislación del Régimen de Clases Pasivas; en concreto, competencias que antes correspondían a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda pasan ahora a ser competencia del Instituto Nacional de Seguridad Social.
En principio estamos hablando de un cambio competencial y orgánico que en modo alguno supone la desaparición del Régimen de Clases Pasivas. Determinados aspectos en materia de reconocimiento, concesión y pago de prestaciones pasan a ser competencia del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Ahora bien, lo cierto es que como se ha mencionado al principio, el Gobierno aprovechando el estado de incertidumbre en el que vivimos aprueba un cambio normativo donde la urgencia de dicho cambio hay que ponerla entre comillas. Si esto tiene un trasfondo que va más allá, lo veremos con el tiempo, y si esto significa el principio de una reforma también habrá que estar alerta.
Los servicios jurídicos de ANPE confirman que esta reorganización no implica ningún cambio en las prestaciones, los tipos de jubilación o las cuantías, sino que solo se trata de un cambio en la titularidad de la gestión. Por tanto, el profesorado acogido a las clases pasivas no sufre ningún cambio en las condiciones a las que tenía derecho hasta la fecha. Lo que si tenemos claro es que ANPE defenderá en todo momento y con los medios disponibles que están a su alcance los intereses del colectivo de profesores que pertenecen al Régimen de Clases Pasivas, para que no se vean lesionados ni disminuidos sus derechos.
Desde el 1 de enero de 2011 no se incorporan nuevas personas al Régimen de Clases Pasivas, sino que los nuevos funcionarios son incorporados al Régimen General de Seguridad Social.
El real decreto del pasado 22 de abril, también especifica que el Estado transferirá el importe necesario para la financiación de la gestión del sistema de Clases Pasivas, de forma que no recaerá en las entidades gestoras de la Seguridad Social, es decir, no se pagará con las cotizaciones sociales.
