Desde ANPE venimos advirtiendo de problemáticas y preocupaciones graves que afectan de forma directa a la Formación Profesional en Cantabria y que, pese a nuestras reiteradas denuncias y propuestas de solución, continúan sin resolverse en su totalidad.

Ambas situaciones tienen consecuencias reales sobre el alumnado, el profesorado y la calidad del sistema educativo.

Más de 100 estudiantes bloqueados sin poder titular

Desde ANPE nos interesamos el pasado curso por la implementación del Real Decreto 659, que regula la Formación Profesional en nuestra comunidad. En aquel momento trasladamos, en una reunión bilateral con la Administración, las preocupaciones que el profesorado nos había hecho llegar.

Hemos seguido especialmente de cerca la cuestión de las cotizaciones a la Seguridad Social del alumnado en Formación en Empresa (FEM) y las dualidades no contempladas inicialmente por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo y Economía Social. La Dirección General de Formación Profesional fue dando respuesta a la mayoría de las incidencias detectadas, resolviendo prácticamente todas ellas, salvo una problemática que sigue pendiente: la situación del alumnado inmigrante en situación administrativa irregular.

El obstáculo es de carácter administrativo. Este alumnado no puede ser dado de alta en la Seguridad Social, requisito imprescindible para formalizar las prácticas formativas. Sin esa alta no pueden completar el módulo obligatorio y, en consecuencia, no pueden obtener su título. Resulta difícilmente aceptable que, después de haberles permitido cursar estudios y esforzarse durante años en nuestro sistema educativo, se les impida culminar su formación por una cuestión burocrática que, además, tiene alternativas viables.

Desde ANPE hemos trasladado tanto a la Consejería de educación como al delegado del gobierno una posible solución , como pudiera ser la contratación de un seguro específico que permita la realización de las prácticas sin vulnerar la normativa vigente, fórmula que ya ha sido aplicada en otras comunidades autónomas. Sin embargo, hasta la fecha no se ha adoptado ninguna medida efectiva.

Estamos hablando de más de un centenar de jóvenes que ven paralizado su futuro laboral pese a haber cumplido con todas sus obligaciones académicas. Esta situación no solo perjudica gravemente a estas personas, sino que supone una pérdida de talento para Cantabria y contradice el objetivo esencial de la Formación Profesional: facilitar la empleabilidad y la integración social y laboral.

Desde ANPE instamos a la Administración educativa a adoptar con urgencia una solución que garantice el derecho de este alumnado a completar su formación y acceder al mercado laboral en igualdad de condiciones

Imposición de funciones técnicas ajenas a la labor docente

El segundo problema se remonta al inicio del presente curso, cuando se publicaron unas instrucciones de Formación Profesional de más de 350 páginas sin margen real para su análisis antes del comienzo de las clases.

Entre otras cuestiones, se exigía al profesorado revisar y garantizar la seguridad de máquinas y equipos de trabajo, comprobar el marcado CE y cumplimentar documentación técnica individualizada para cada equipo, todo ello pese a que en muchos centros no estaban actualizadas ni siquiera las evaluaciones de riesgos laborales.

Desde ANPE advertimos de manera inmediata que estas funciones exceden claramente las competencias docentes y corresponden a personal técnico especializado en prevención y seguridad laboral. No es razonable ni jurídicamente seguro trasladar al profesorado responsabilidades propias de perfiles técnicos cualificados en materia de prevención de riesgos.

Aunque la Consejería revisó parcialmente la situación y mantuvo una reunión con las direcciones de los centros en el mes de octubre, no ha realizado las modificaciones necesarias en las instrucciones de inicio de curso. Si bien se han suavizado algunas exigencias, se sigue manteniendo la obligación de asumir estas tareas. Además, se ha impuesto un curso obligatorio de cinco horas para el profesorado afectado, una formación claramente insuficiente para asumir responsabilidades técnicas de esa naturaleza.

El resultado es una sobrecarga administrativa añadida que resta tiempo a la preparación de clases, a la atención individualizada del alumnado y a la mejora pedagógica. Se están trasladando al ámbito docente responsabilidades que no le corresponden, generando inseguridad jurídica y profesional en los centros educativos.

Desde ANPE reiteramos la necesidad de revisar estas instrucciones, delimitar con claridad las funciones docentes y dotar a los centros de los recursos técnicos necesarios para garantizar la seguridad sin comprometer el ejercicio profesional del profesorado.

Un problema estructural que requiere diálogo y soluciones

La Formación Profesional es un pilar estratégico para la empleabilidad en Cantabria. Una parte muy significativa de las ofertas de empleo en nuestra comunidad exige titulaciones de FP, lo que demuestra su papel clave en el desarrollo económico y social.

Precisamente por ello, no podemos permitir que la FP se vea lastrada por bloqueos administrativos que impiden titular a más de 100 estudiantes ni por decisiones organizativas que cargan al profesorado con funciones que no le corresponden.

Lo que exigimos

Desde ANPE exigimos:

1. Una solución inmediata que garantice que todo el alumnado pueda realizar las prácticas obligatorias y obtener su título.

2. La eliminación definitiva de cualquier obligación que atribuya al profesorado funciones técnicas en materia de seguridad industrial que no son propias de su desempeño docente.

3. La apertura de un diálogo real con los representantes del profesorado para abordar estos problemas estructurales.

Seguiremos defendiendo una Formación Profesional rigurosa, segura, inclusiva y centrada en su verdadera finalidad: formar profesionales cualificados y ofrecer oportunidades reales de futuro.