Un proyecto de ley que ha omitido los pasos previos para una tramitación de ley orgánica. La ausencia de diálogo unido a la falta de negociación, hace que esta nueva ley nazca bajo la premisa que será una ley derogada o modificada cuando se produzca un cambio de gobierno como ha sucedido con otras leyes educativas.
Un proyecto apresurado, cuyo objetivo inicial era derogar la LOMCE y volver a los postulados de la LOE-LOMCE. Pero, tras la intervención de los grupos parlamentarios, que sustentan al gobierno, y la asunción de algunas enmiendas, han convertido aquella propuesta inicial en un texto todavía más ideologizado, mediante la incorporación de medidas muy polémicas y controvertidas que polarizan y fraccionan cada vez más las posiciones políticas, sociales y territoriales en el ámbito educativo.
La enmienda pactada en donde el castellano deja de ser lengua vehicular significa que deja de ser oficial y atenta contra el derecho de una parte significativa del alumnado en determinadas zonas de España al no recibir las enseñanzas obligatorias en su lengua materna. El Gobierno debe proteger los derechos lingüísticos de todos sus ciudadanos. La desaparición del castellano como lengua vehicular afectará también al carácter estatal de los cuerpos docentes. Confiamos en que los partidos que tengan grupo parlamentario con capacidad de recurrir lo hagan ante el Tribunal Constitucional.
La búsqueda de promocionar y titular de manera semiautomática al alumnado quiebra los valores de esfuerzo y mérito, y no es la solución contra el fracaso escolar. El alumnado de la enseñanza pública será el más perjudicado por esta medida, fundamentalmente el de las clases sociales más desfavorecidas, pues este alumnado no podrá compensar los déficits de aprendizaje por otro medio distinto.
La pérdida de los contenidos comunes que adelgazan el currículo básico y común que corresponde al estado ahonda más en la desvertebración educativa. En algunas enmiendas se plantea rebajar al 50% la competencia del estado al fijar el currículo básico y el otro 50% a las autonomías, por no hablar de la pérdida cada vez más evidente de las humanidades en el currículo.
No menos sorprendente resultan las propuestas sobre el desarrollo de la profesión docente que deja en manos de las Comunidades Autónomas la normativa que regula la formación inicial y permanente, el acceso y el desarrollo profesional docente. Desde ANPE exigimos que sea el Ministerio el que elabore una propuesta, una vez oídas a las CCAA, para ser negociada con los representantes del profesorado. Proponemos que se articule, en el marco de un Estatuto de la Función Pública Docente, el ingreso y acceso a los cuerpos docentes, el establecimiento de la carrera profesional docente desde el ingreso hasta la jubilación, regulando y consolidando un sistema de jubilación anticipada. Además de establecer, en dicha futura norma, el derecho de movilidad del profesorado por todo el Estado, manteniendo para ello el carácter estatal de los cuerpos docentes. Si no se observan estas previsiones nos veremos abocados a la configuración de hecho y de derecho a 17 sistemas educativos distintos y diferentes en nuestro Estado.
Será la enésima ley educativa de nuestro país, muy alejada del acuerdo básico o pacto de estado, que hubiera permitido sentar las bases de la reforma profunda y global que necesita la educación en España y que hasta ahora ha tenido como guía el artículo 27 de la Constitución y la interpretación que de ello ha hecho la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Una ley que responde más a ser una moneda de cambio para otros asuntos de la gobernabilidad de España, y que nos aleja de la verdadera prioridad política y social que es la Educación.
