ANPE Cantabria denuncia la política que está llevando a cabo la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria, que está utilizando el descenso de la natalidad como justificación para aplicar un importante recorte en la enseñanza pública mediante el cierre de aulas y la reducción de plantillas docentes.
Lejos de limitarse a adaptar la oferta educativa a la evolución demográfica, la Consejería ha introducido un nuevo criterio de escolarización por zonas que, en la práctica, está impidiendo que numerosas familias puedan matricular a sus hijos e hijas en el centro público que han elegido como primera opción. Cuando existen plazas vacantes en otro colegio de la misma localidad o zona, la Administración deriva a esos alumnos a dichos centros, aunque queden plazas disponibles en el colegio solicitado inicialmente.
Esta actuación supone una grave limitación del derecho de las familias a elegir el centro educativo de sus hijos e hijas y tiene un objetivo evidente: reducir artificialmente la demanda de determinados centros públicos para justificar posteriormente el cierre de unidades y la disminución de profesorado.
Resulta especialmente llamativo que este criterio no se esté aplicando a los centros privados concertados. Mientras que los conciertos educativos únicamente se revisan cada cuatro años, los centros públicos ven modificada su oferta de aulas y sus plantillas curso tras curso, generando una situación de permanente incertidumbre para las comunidades educativas y para el profesorado.
ANPE Cantabria considera inaceptable que se esté utilizando el proceso de escolarización como un instrumento para encubrir recortes en la enseñanza pública, mientras se mantiene la financiación con fondos públicos de empresas privadas que gestionan centros concertados.
Las consecuencias de esta política son especialmente graves para las familias. Durante el proceso ordinario de admisión, la Consejería impide la escolarización en el centro solicitado como primera opción, llegando incluso a separar a hermanos entre distintos centros educativos. Posteriormente, invita a las familias afectadas a participar en un proceso extraordinario de escolarización que no ofrece ninguna garantía de obtener plaza en el colegio deseado y cuya resolución no llegará hasta el mes de septiembre.
Ante esta incertidumbre, muchas familias se ven obligadas a aceptar una plaza en un centro distinto al elegido para asegurarse la escolarización de sus hijos e hijas, renunciando de facto a su derecho de elección por la falta de garantías que ofrece la Administración.
Esta situación no constituye un hecho aislado, sino que se está reproduciendo en centros públicos de toda Cantabria. Según los datos manejados por ANPE, esta política supondrá la eliminación de 72 aulas en la enseñanza pública y dejará a 95 docentes sin puesto de trabajo de cara al próximo curso escolar.
ANPE Cantabria exige a la Consejería de Educación que abandone inmediatamente esta política de recortes encubiertos, respete el derecho de las familias a elegir libremente el centro educativo de sus hijos e hijas y garantice una planificación educativa basada en criterios pedagógicos y de calidad, y no exclusivamente en criterios económicos.
El sindicato recuerda que el descenso de la natalidad debería representar una oportunidad para reducir las ratios, mejorar la atención individualizada al alumnado y reforzar la calidad del sistema educativo público, no una excusa para cerrar aulas, destruir empleo docente y debilitar progresivamente la educación pública en beneficio de intereses privados.
