ANPE valora positivamente la tramitación de una Ley de Autoridad del Profesorado y de la Convivencia Escolar en Cantabria. Consideramos que se trata de una iniciativa importante para reforzar la consideración profesional, jurídica y social del profesorado y para contribuir a mejorar la convivencia en los centros educativos.
La autoridad docente ya cuenta con reconocimiento en la normativa estatal. El artículo 124.3 de la Ley Orgánica de Educación reconoce expresamente la condición de autoridad pública del profesorado en el ejercicio de sus funciones. Por ello, el verdadero reto no es únicamente el reconocimiento formal, sino lograr que se traduzca en protección real, respaldo efectivo y confianza institucional.
Asimismo, entendemos que resulta imprescindible abrir un proceso de diálogo y negociación con las organizaciones sindicales representativas, legítimas representantes del profesorado que deberá aplicar y desarrollar esta norma en el ejercicio diario de su labor.
La realidad actual del profesorado
En los últimos años se ha incrementado el malestar docente. Entre las causas más señaladas se encuentran el exceso de burocracia, la presión asociada a la evaluación y calificación, el aumento de situaciones de violencia verbal, las grabaciones no consentidas, las campañas de descrédito, el cuestionamiento permanente de la labor docente y un creciente desgaste emocional.
Esta realidad exige respuestas eficaces y un respaldo institucional claro.
Qué entendemos por autoridad docente
Para ANPE, autoridad no es sinónimo de autoritarismo.
La autoridad pedagógica es la legitimidad profesional necesaria para dirigir la actividad en el aula, gestionar la convivencia, aplicar las normas, evaluar con criterios técnicos y establecer límites cuando resulta necesario.
Las familias confían al profesorado una enorme responsabilidad en materia de formación, orientación, tutela y gestión de conflictos. Una función de esta relevancia requiere herramientas efectivas y una adecuada protección normativa.
Nos preocupa especialmente el creciente cuestionamiento de la palabra del docente incluso antes de conocer los hechos. Con frecuencia, ante una queja o reclamación, la carga de la prueba termina recayendo sobre el profesorado, generando una sensación de presunción de culpabilidad incompatible con el respeto debido a la función docente.
Propuestas de mejora al texto legal
ANPE considera que la ley debe desarrollar con mayor profundidad diversos aspectos fundamentales.
Un capítulo específico sobre protección jurídica y psicológica del profesorado
La futura ley debería incorporar un capítulo propio dedicado a la protección jurídica y psicológica del profesorado, dotándolo de contenido real y operativo.
Es necesario simplificar y agilizar los protocolos existentes para que cualquier docente que necesite asistencia jurídica o psicológica pueda acceder a ella de forma rápida y efectiva. Asimismo, deben arbitrarse mecanismos que eviten que un docente agredido tenga que continuar impartiendo clase a su agresor.
ANPE propone que la ley establezca expresamente un sistema integral de protección jurídica y psicológica y que posteriormente se desarrolle reglamentariamente un procedimiento ágil, accesible y eficaz de asistencia y acompañamiento.
Respaldo institucional efectivo
La ley debe reforzar el principio de presunción de veracidad del profesorado en el ejercicio de sus funciones.
Ante una denuncia o reclamación, el docente no puede sentirse sometido a una presunción implícita de culpabilidad.
Además, consideramos necesario:
- Establecer instrucciones claras para los equipos directivos y la inspección educativa cuando se presenten reclamaciones o conflictos.
- Garantizar el respeto al criterio técnico del profesorado.
- Evitar dinámicas que generen presiones implícitas para mantener determinados porcentajes de aprobados.
- Favorecer un clima de confianza institucional hacia los docentes.
Mejora de las condiciones laborales y retributivas
La consideración social y profesional del profesorado debe ir acompañada de medidas concretas.
Por ello, ANPE considera necesario abordar:
- La actualización periódica de los complementos retributivos.
- La recuperación del poder adquisitivo perdido, incluida la reversión del recorte en las pagas extraordinarias.
- La reducción de la temporalidad y la estabilización de las plantillas.
- La reducción efectiva de las ratios.
- La disminución de la carga burocrática.
- La reducción del horario lectivo.
- Una regulación adecuada de las actividades complementarias y extraescolares.
Reconocimiento social e institucional
La futura ley debería contemplar el compromiso de la Administración para desarrollar campañas institucionales permanentes que visibilicen la aportación social del profesorado.
Entre otras actuaciones, proponemos:
- Informar a las familias sobre el trabajo real que desarrolla el profesorado.
- Promover acciones dirigidas al alumnado para fomentar el respeto a la figura docente.
- Difundir la condición de autoridad pública del profesorado.
- Favorecer la colaboración entre familias y centros educativos, clarificando las responsabilidades de cada parte.
Este reconocimiento debe ser impulsado activamente por las propias instituciones educativas.
Otras aportaciones al anteproyecto
ANPE también ha trasladado diversas observaciones técnicas al texto sometido a información pública. Entre ellas, destacamos la necesidad de:
- Reforzar los mecanismos de apoyo jurídico ante cualquier incidente relacionado con el ejercicio de la función docente.
- Desarrollar medidas efectivas para garantizar el cumplimiento del deber de colaboración de las familias.
- Definir con mayor precisión el concepto de acoso escolar para dotar de mayor seguridad jurídica a todos los intervinientes.
- Clarificar el tratamiento de las conductas realizadas mediante medios electrónicos o tecnológicos, garantizando tanto la protección de las víctimas como el respeto a los derechos fundamentales y a la normativa sobre protección de datos.
Una ley útil y eficaz para el profesorado
El profesorado cántabro no reclama privilegios. Reclama respeto, respaldo y coherencia entre la responsabilidad que asume cada día y la protección que recibe.
La calidad del sistema educativo depende en gran medida del bienestar y la motivación de sus profesionales. Si no se protege adecuadamente la autoridad profesional de quienes trabajan diariamente en las aulas, el sistema educativo en su conjunto se resiente.
La mejora de las condiciones laborales y de la consideración social del profesorado no constituye una demanda corporativa, sino una necesidad colectiva que beneficia al conjunto de la sociedad.
Por ello, ANPE seguirá participando activamente en la tramitación de esta norma para contribuir a que la futura Ley de Autoridad del Profesorado y de la Convivencia Escolar responda de manera efectiva a las necesidades reales de los centros educativos y de sus profesionales.
