Como cada año, El Defensor del Profesor hace públicos los datos más significativos de las intervenciones realizadas con los docentes de Cantabria, en relación con la situación de convivencia escolar.
El Defensor del Profesor, recurso exclusivo del sindicato ANPE, es un servicio de atención inmediata, gratuita y confidencial para docentes víctimas de situaciones de conflictividad y violencia en las aulas. Este servicio se puso en marcha en el año 2005, como primera medida de apoyo ante la indefensión del profesorado y como llamada de atención sobre la problemática de la violencia escolar. Es un servicio abierto a todos los docentes, operativo en todas las comunidades autónomas, así como en Ceuta y Melilla, con el objetivo de favorecer la atención personalizada ante la solicitud de ayuda.
El último informe del servicio El Defensor del Profesor de ANPE correspondiente al curso 2019/2020 muestra una preocupante estabilización y aumento en algunos indicadores, con respecto al curso anterior en el número de casos de acoso y violencia hacia los docentes.
Gran número de compañeros han sido atendidos por ANPECANTABRIA desde la creación del servicio de El Defensor del Profesor. Entre los casos más preocupantes, durante el curso 18-19 fueron atendidos 19 docentes, y durante el pasado curso 19-20 fueron atendidos 20 docentes, pese a que un tercio del mismo estuvimos confinados. Esto supone una preocupante estabilización de casos atendidos por año, y nos indica que las situaciones de conflictividad están lejos de erradicarse en los centros escolares.
Concretando, en las 20 actuaciones más preocupantes realizadas por El Defensor del Profesor de Cantabria, en el curso 19-20:
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el 70% corresponde a profesorado de Educación Secundaria
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el 20% de Primaria
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el 10% de Formación profesional
En cuanto a la tipología de los casos atendidos, se distinguen:
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los correspondientes a alumnado, que suponen el 40 %
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los correspondientes a familiares, suponen el 35%
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los correspondientes a otros motivos, suponen el 25%. En estos casos, la problemática está relacionada con el entorno laboral, administración, alumnos, familias...
Se pueden destacar entre ellos, la presión para modificar notas e informes, problemas para dar clase, faltas de respeto y amenazas por parte de alumnos y familias, además del uso inadecuado de las nuevas tecnologías como herramienta de acoso. Especialmente con el confinamiento, ha aumentado el ciberacoso. El repunte de casos se produce en fechas cercanas a las sesiones de evaluación, y curiosamente en fechas cercanas a las semanas de descanso, mostrando el estrés al que están sometidos los docentes al final de cada bimestre.
Las consecuencias de todas estas situaciones, que conllevan un deterioro de la salud mental, son:
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8 docentes con ansiedad y/o depresión.
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7 docentes causan baja médica.
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5 docentes manifiestan Inseguridad Física.
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De ellos 9 son atendidos por el servicio jurídico de ANPE
Estos datos trascienden al propio docente puesto que un profesor con estado emocional alterado, además del sufrimiento personal que debe soportar, reduce significativamente su rendimiento profesional, lo que disminuye la calidad de la educación. En este sentido las bajas laborales generan un coste para la administración y una modificación de la propuesta pedagógica para los alumnos. El daño lo producen unos pocos y, sin embargo, las consecuencias se extienden hacia toda la comunidad educativa y en especial al alumnado con el que interactúa el profesor agredido.
Desde el sindicato ANPE y del Servicio del Defensor del Profesor nos preocupa la problemática que existe en los centros escolares con respecto a la creciente situación de acoso y violencia que se da entre los alumnos y con especial relevancia al ciberbullying. Afectando a la convivencia en los centros educativos.
Es por esto por lo que solicitamos a la Administración que actualice los Decretos de convivencia con medidas organizativas que corrijan estas situaciones. (Última modificación en Cantabria: 19 de mayo de 2017)
Desde su puesta en marcha se ha venido demostrando la necesidad de un servicio de estas características. Las cifras, en este tiempo, hablan de 38.485 casos atendidos a nivel nacional, lo que no deja de ser una exigua cantidad en relación con los casos reales. Se trata de docentes, fundamentalmente de la enseñanza pública, que en algún momento de su actividad laboral han sufrido actos contra su persona incompatibles con la convivencia escolar e inaceptables en una profesión de este calado social.
ANPE, sindicato exclusivo de la enseñanza pública, considera prioritario el establecimiento de unas normas claras que regulen la convivencia escolar en los diferentes centros educativos y que favorezcan una verdadera interiorización de valores, actitudes y normas en los alumnos y en el conjunto de la sociedad.
Tras el análisis y valoración de los datos recogidos en el estudio realizado, junto con la experiencia acumulada en los últimos años, ANPE y El Defensor del Profesor reiteran la necesidad de elaboración de un Plan Estratégico de Mejora de la Convivencia Escolar, liderado y coordinado por el Ministerio de Educación, partiendo del seno de la Mesa Sectorial de Educación, debería contar, entre otros, con los siguientes apartados:
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La ineludible obligación de los equipos directivos de informar de los hechos que pudieran ser constitutivos de delito a la Dirección Provincial de Educación correspondiente, así como al Ministerio Fiscal.
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Un programa de prevención de acoso escolar que contemple la aceleración de los protocolos de protección a las víctimas y un plan de detección precoz de los problemas de convivencia en los centros educativos.
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Actualización y cumplimiento de los Decretos de convivencia, así como las Planes de convivencia y los Reglamentos de los centros.
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El establecimiento de protocolos de actuación ante agresiones al personal docente de los centros sostenidos con fondos públicos.
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Un plan específico de formación del profesorado para la prevención y detección de conflictos relacionados con la convivencia escolar.
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Reconocimiento de la ansiedad, la depresión y el estrés como enfermedades profesionales de los docentes siempre que se deriven de situaciones de acoso, estableciendo estas situaciones como accidentes laborales.
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Compromiso por parte de la administración para el tratamiento rehabilitador y educativo de los alumnos agresores.
Es necesario que la sociedad en su conjunto tome conciencia de la situación de conflictividad que se vive en las aulas, y la administración educativa debe ser cada vez más consciente de que la convivencia escolar es un elemento de primer orden para el buen funcionamiento de la comunidad educativa.
ANPE renueva su compromiso de seguir trabajando:
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en el apoyo a los docentes que pasan por situaciones de acoso e intimidación en sus puestos de trabajo,
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en mejorar la consideración social de los docentes, hacer llegar a la opinión pública el día a día de los centros educativos y poner a la Educación, y a sus profesionales, en el puesto que realmente se merecen.
