PREOCUPANTE AUMENTO EN EL NÚMERO DE CASOS DE ACOSO Y VIOLENCIA HACIA LOS DOCENTES
El último informe del servicio El Defensor del Profesor en Cantabria, correspondiente al curso 2018/2019, muestra un preocupante aumento con respecto al curso anterior en el número de casos de acoso y violencia hacia los docentes.
El número de docentes que pidieron ayuda al servicio del Defensor del Profesor el curso 2018/2019 es mayor al anterior, más del doble, lo que nos indica que las situaciones de conflictividad están lejos de erradicarse en los centros escolares.
Como cada año, El Defensor del Profesor hace públicos los datos más significativos de las intervenciones realizadas con los docentes de diferentes comunidades autónomas, en relación con la situación de convivencia escolar.
Este recurso, exclusivo del sindicato ANPE, es un servicio de atención inmediata y gratuita para docentes víctimas de situaciones de conflictividad y violencia en las aulas. Se puso en marcha en el año 2005 como primera medida de apoyo ante la indefensión del profesorado y como llamada de atención sobre la problemática de la violencia escolar. Es un servicio abierto a todos los docentes, operativo en todas las comunidades autónomas, así como en Ceuta y Melilla, con el objetivo de favorecer la atención personalizada ante la solicitud de ayuda.
Centrándonos en las 19 actuaciones realizadas por El Defensor del Profesor en Cantabria, el curso 2018/2019 ha aumentado más del doble con respecto al curso anterior, pasando de 8 a 19 casos.
Concretando:
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el 26,30% corresponde a profesorado de Primaria.
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el 42,10% a profesorado de Educación Secundaria.
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el 15,80% a profesorado de Formación profesional.
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el 10,52% a profesorado de Educación Infantil.
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el 5,28% restante se reparte en otras enseñanzas (Colegios de Educación Especial, Conservatorios, Educación de Adultos, etc).
Destacando que el número de casos atendidos el curso 2017-18 en el nivel educativo de Secundaria y Bachillerato fueron de 3 casos, aumentando en el curso 2018-19 a 8 casos y en Primaria fue atendido 1 caso en el curso 2017-18, pasando a 5 casos en el 2018-19.
En cuanto a la tipología de los casos atendidos, se distinguen los correspondientes al alumnado, los relacionados con las familias y los que provienen de la interacción con los compañeros de profesión:
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En lo referente a problemática con alumnado supone casi el 47.4 % de los casos. Hay que destacar las faltas de respeto a docentes, ciberacoso, amenazas que realizan los alumnos a los profesores y problemas para dar la clase.
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Por lo que se refiere a las familias suponen el 36.8% de los casos. Entre los que se incluyen denuncias y acusaciones carentes de fundamento.
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En lo relativo a los problemas relacionados con los con los compañeros el 10.5% y en menor proporción con los equipos directivos o administración suponen el 5.3% de los casos.
Se puede destacar, entre ellos, la presión para modificar notas e informes, problemas para dar clase, faltas de respeto por parte de alumnos y familias, además del uso inadecuado de las nuevas tecnologías como herramienta de acoso.
El repunte de casos se produce en fechas cercanas a las sesiones de evaluación, curiosamente al finalizar las semanas de descanso, mostrando el estrés al que están sometidos los docentes que tienen que enfrentarse nuevamente al drama.
Las consecuencias de las situaciones destacadas conllevan un importante coste emocional para el docente, lo que en muchas ocasiones lleva a un deterioro de la salud mental de maestros y profesores.
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16 de los casos han mostrado ansiedad y estrés.
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2 casos con estado de Inseguridad Física.
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2 casos ha causado baja médica.
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1 caso deja la profesión
Estos datos trascienden al propio docente puesto que un profesor con estado emocional alterado, además del sufrimiento personal que debe soportar, reduce significativamente su rendimiento profesional, lo que disminuye la calidad de la educación. En este sentido las bajas laborales generan un coste para la administración y una modificación de la propuesta pedagógica para los alumnos. El daño lo producen unos pocos y, sin embargo, las consecuencias se extienden hacia toda la comunidad educativa y en especial al alumnado con el que interactúa el profesor agredido.
Desde el sindicato ANPE y del Servicio del Defensor del Profesor, nos preocupa la problemática que existe en los centros escolares con respecto a la creciente situación de acoso y violencia que se da entre el alumnado y con especial relevancia al ciberbullying que se produce entre ellos. Esta cuestión preocupa mucho en los centros educativos ya que afecta a la convivencia y es por esto por lo que solicitamos a la Administración que actualice los Decretos de convivencia con medidas organizativas que corrijan estas situaciones.
Desde su puesta en marcha se ha venido demostrando la necesidad de un servicio de estas características. Las cifras, en este tiempo, hablan de casi 37.000 casos atendidos, lo que no deja de ser una exigua cantidad en relación con los casos reales. Se trata de docentes, fundamentalmente de la enseñanza pública, que en algún momento de su actividad laboral han sufrido actos contra su persona incompatibles con la convivencia escolar e inaceptables en una profesión de este calado social.
ANPE, sindicato exclusivo de la enseñanza pública, considera prioritario el establecimiento de unas normas claras que regulen la convivencia escolar en las diferentes comunidades autónomas y que favorezcan una verdadera interiorización de valores, actitudes y normas en los alumnos y en el conjunto de la sociedad.
Tras el análisis y valoración de los datos recogidos en el estudio realizado, junto con la experiencia acumulada en los últimos años, ANPE y El Defensor del Profesor reiteran la necesidad de elaboración de un Plan Estratégico de Mejora de la Convivencia Escolar que debería contar, entre otros, con los siguientes apartados:
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La reactivación del Observatorio estatal y los Observatorios autonómicos de Convivencia Escolar.
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La ineludible obligación de los equipos directivos, ante el conocimiento de un hecho que pudiera ser constitutivo de delito, de informar a la Dirección Provincial de Educación correspondiente, así como al Ministerio Fiscal.
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Un programa de prevención de acoso escolar que contemple la aceleración de los protocolos de protección a las víctimas y un plan de detección precoz de los problemas de convivencia en los centros educativos.
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Actualización y cumplimiento de los Decretos de convivencia, así como las Planes de convivencia y los Reglamentos de los centros.
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El establecimiento de protocolos de actuación ante agresiones al personal docente de los centros sostenidos con fondos públicos.
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Un plan específico de formación del profesorado para la prevención y detección de conflictos relacionados con la convivencia escolar.
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Ofertar la asistencia jurídica y psicológica gratuita para los docentes agredidos, mediante convenios de colaboración con los Colegios profesionales de abogados y psicólogos, para los profesores víctimas de acoso.
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Reconocimiento de la ansiedad, la depresión y el estrés como enfermedades profesionales de los docentes siempre que se deriven de situaciones de acoso, estableciendo estas situaciones como accidentes laborales.
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Compromiso por parte de la administración para el tratamiento rehabilitador y educativo de los alumnos agresores.
Este Plan Estratégico de Mejora de la Convivencia Escolar debe ser liderado y coordinado por el Ministerio de Educación, partiendo del seno de la Mesa Sectorial de Educación.
Es necesario que la sociedad en su conjunto tome conciencia de la situación de conflictividad que se vive en las aulas, y la administración educativa debe ser cada vez más consciente de que la convivencia escolar es un elemento de primer orden para el buen funcionamiento de la comunidad educativa.
Desde ANPE consideramos de suma importancia el apoyo y colaboración entre la familia y el profesorado como herramienta fundamental para mejorar el clima de convivencia en nuestras aulas
ANPE renueva su compromiso de seguir trabajando en apoyo a los docentes que pasan por situaciones de acoso e intimidación en sus puestos de trabajo, así como su intención de mejorar la consideración social de los docentes, hacer llegar a la opinión pública el día a día de los centros educativos y poner a la Educación, y a sus profesionales, en el puesto que realmente se merecen.
