La publicación, semiclandestina, de los resultados de la “encuesta” realizada por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria a la comunidad educativa de la región, ha sido la confirmación del error que supuso desarrollar esta “idea” sin contar con los representantes del profesorado y sin las mínimas garantías científicas exigibles a una iniciativa de este tipo.
Como ya hemos manifestado con anterioridad, ANPE Cantabria es una organización partidaria de que se realice una evaluación seria y rigurosa de la implantación del calendario escolar que venimos defendiendo desde el curso 2000-2001, pero que se ha implantado por primera vez durante el curso actual (el anterior hubo un tímido intento que no llegó a contemplar los períodos bimestrales reales).
Evidentemente, para evaluar resultados y aspectos positivos y negativos, hace falta una herramienta fiable y un método que evite la manipulación de los datos. Desde un principio opinamos que la “idea” estuvo mal planteada: los representantes del profesorado nos enteramos por la prensa, algunos medios manipularon la noticia a su conveniencia, la encuesta no fue accesible a todos los miembros de la comunidad educativa (existieron graves dificultades para que todos pudieran participar) y no cumplía con las exigencias inherentes a esta herramienta. Por si fuera poco, la Junta de Personal Docente continúa sin recibir los resultados completos de la encuesta, difundidos a través de la prensa y posteriormente en educantabria, sin un análisis de los mismos.
La escasa participación de las familias y del profesorado en la citada encuesta, por motivos muy diferentes, demuestran que no era la herramienta adecuada.
Los ítems presentados eran inadecuados y poco relevantes para la valoración que se pretendía. La diferencia entre sectores es notable, por ejemplo: mientras el alumnado considera que realiza demasiadas tareas durante los períodos de descanso, las familias y el profesorado opina lo contrario.
Aunque la valoración global es positiva para el calendario actual consideramos que no puede subordinarse una evaluación a la presión, más mediática que real, de algunos sectores (incluso no pertenecientes a la comunidad educativa).
La necesidad de conciliar la vida laboral y familiar es real. Es un problema que tenemos todas las familias y que se incrementa con los ritmos cotidianos de nuestra época, pero la solución a este problema no puede recaer exclusivamente en la Educación. Los centros educativos no son centros asistenciales. Confundir la Educación con los Servicios Sociales es un error muy común que debemos corregir mediante la implicación de empresas y organismos que deben adoptar medidas para satisfacer esas necesidades sin descargar toda la responsabilidad en el sistema educativo ni en el profesorado. El sistema educativo es el que mayor esfuerzo realiza en la actualidad para conseguir esa conciliación (apertura temprana de los centros, actividades complementarias…) pero no puede asumir las responsabilidades de los demás entes y organismos.
Respecto a la valoración pedagógica del calendario, puede ser orientativa la comparación de los períodos de descanso que contemplan todos los sistemas educativos europeos, según los datos reflejados en el informe EURYDICE (European Commission/EACEA/Eurydice, 2017. Theorganization of School Time in Europe. Primary and general Secondary Education 2017/18. Eurydice Facts and Figures. Luxembourg. Publications office of the European Union) y en cuanto a la negociación del calendario lectivo, lo correcto es que se negocie, como cualquier horario laboral, entre la empresa (en este caso la Consejería) y los trabajadores (en este caso la Junta de Personal Docente no Universitario).
ANPE Cantabria exige al Consejero que convoque a la Mesa Sectorial de Educación para negociar el calendario escolar con los representantes del profesorado tal y como se establece en el EBEP, art. 37 Materias de negociación: m) Las referidas a calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos, movilidad funcional y geográfica, así como los criterios generales sobre la planificación estratégica de los recursos humanos, en aquellos aspectos que afecten a condiciones de trabajo de los empleados públicos.
